Cabrera explicó que cuando este proyecto se publicitó, hace ocho meses, se recibieron 125 llamadas de familias que tenían dudas razonables de que sus hijos consumían estupefacientes, de las que 25 fueron seleccionadas.

De estas 25 familias, dijo, 10 fueron excluidas porque sus hijos no aceptaban los parches, cuya colocación debe contar con la aquiescencia de los menores.

De las familias que quedaban (15), 10 lo abandonaron antes de empezar, por distintos motivs, y en la actualidad sólo 5 siguen con este programa.

Cabrera explicó que este programa de detección de drogas mediante la colocación de parches, además de llevarse a cabo entre menores, también se realiza en instituciones penitenciarias con los presos que salen de vacaciones o permiso y en centros de toxicomanías con pacientes en el programa de metadona.

Afirmó que cada parche cuesta 2.500 pesetas y que este método se podría utilizar para reducir el coste de los más de 330.000 análisis de orinaque se realizan en la red asistencial para drogodependientes de la Comunidad.

Señaló que el coste en analítica, unos 70 millones de pesetas, se podría reducir en un tercio si se sustituyen los análisis clínicos por los parches.

La oposición socialista y de IU calificó de "fracaso" este programa, ya que sólo se aplica a cinco menores.