Según explicó, las entidades que gestionan estos centros no deben tener ánimo de lucro, porque, en caso contrario, "se restringe el capítulo de personal para intentar obtener mayor beneficio".

Tras mostrarse convencido de que "hay personas con vocación probada que están dispuestas a trabajar en una institución de esta naturaleza, para atender a personas con necesidad de ser custodiados y educados en estos centro", destacó que debe ser la Administación regional la que controle "la vida cotidiana de esos centros, desde la educación, a la alimentación, pasando por la disciplina interna".

Sabando señaló que si la Comunidad no es capaz de garantizar "todo esto, nosotros somos partidarios de que los centros de menores se gestionen desde la Administracion pública".

Refiriéndose a la denuncia por mal trato de un joven del centro de la Fundación Diagrama en Guadarrama, cerrada por la Comunidad tras conocer la actuación de la Fiscalía, Sabando señló que, en este caso, "se ha producido una negligencia in vigilando, porque no se puede ceder estos centros a empresas y posteriormente no controlarlos ni hacer seguimientos e inspecciones".

Asimismo, echó en cara a la Administración regional no haber asegurado que en estos centros hubiese habido "un espacio de expresión que permita a los internos expresar sus opiniones y preocupaciones. Si la Comunidad hubiese actuado correctamente, respetando los derechos de los muchachos, estos problemas graves queparece que ahora emergen hubiesen sido denunciados por los menores".

"Lo ocurrido huele a alcanfor, al pasado. Es una situación muy grave. Además, hay cierta confusión al conocerse que algunos menores quieren volver a estos centros (Diagrama) y desde la Coordinador de Barrios, la que hizo la denuncia, anuncia hechos similares en otros centros. Desgraciadamente, no parece un problema aislado, parece que afecta a más centros", añadió.

Sabando explicó que la diputada socialista Carmen García Rojas iformó al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, con anterioridad a la denuncia ante la Fiscalía, de que se estaban produciendo problemas en este centro de menores, pero sin saber que eran "tan graves como que hubiera internamientos de muchachos en celdas de castigo".

Explicó que no acudieron "automáticamente" a los tribunales "como ejemplo de que el PSOE actúa con mano tendida al Gobierno, desde el punto de vista institucional, para colaborar en aquellos aspectos que responden al bien común".

Con relación a este tema, el portavoz adjunto de IU de la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Sanz, criticó la actitud del Gobierno regional de "abandonar" la colaboración con el tejido social a la hora de la intervención social y "optar por una fórmula más economicista y empresarial".

Pidió a la Comunidad que potencie el "tejido social organizado dispuesto a colaborar con estas política de integración, como vecinos y ONGs, y que se acerque la integración social a los barrios"

Por último, explicó que"privatizar las políticas sociales solo lleva al deterioro de estas actividades".

El portavoz del PP, Miguel Angel Villanueva, dijo que lo importante es que se aclare lo sucedido, tras la investigación de la Fiscalía.

A su juicio, lo sucedido no guarda relación con el hecho de que los centros de menores sean gestionados pública o privadamente, ya que "lo importante es cómo se gestionen".

Tras reiterar que es necesario esperar a que la Fiscalía y la Consejería de Servicios Sociales saquen conlusiones, señaló que la actuacion de la Comunidad ha sido "diligente y rápida". al cerrar los centros una vez conocido el informe de la Fiscalía.