Sabando explicó que el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad no puede hacerse de espaldas a la Cámara regional ni a los sectores afectados, y advirtió al Gobierno regional de que "un pacto exclusivamente parlamentario no sería suficiente".

A la hora de negociar con el Gobierno central, la Comunidad, a juicio de Sabando,además de tener en cuenta a los implicados, ha de contar con la recomendaciones contenidas en el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial y del Foro por la Justicia, como servicio público, así como la carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia.

A su juicio, este proceso transferencial es urgente y debe servir para resolver algunos problemas actuales, como el insuficiente número de jueces y secciones civiles, que acumulan más de 25.000 expedientes sin resolver, loque está dilatando la resolución de recursos de apelación a casi tres años.

Añadió que el hecho de que la Comunidad asuma las competencias de Justicia debe de servir para modernizar la administración de los tribunales, sin caer en parcheos o improvisaciones.

Por último, recordó que la Comunidad de Madrid ha de tener un trato diferenciado por dos razones: el coste de la capitalidad del Estado y la dimensión e importancia de los asuntos jurídicos.