Esta red esta compuesta por ONG, asociaciones de inmigrantes, partidos políticos y sindicatos de Madrid, entre ellos CCOO, UGT, IU, PSOE, SOS Racismo, CEAR, AESCO, ARI Perú, AIME y Casa Argentina, entre otros.

Durante una jornada sobre la situación actual de la inmigración madrileña, el diputado del PSOE en el Parlamento madrileño Francisco Contreras destacó que en la Comunidad de Madrid residen unos 550.000 inmigrantes, "de los que el 50% está en situación irregular".

Contreras destacó que el mayor problema de los inmigrantes en la CAM es la lentitud administrativa para la concesión de permisos de residencia y trabajo, por lo que ofreció al Ejecutivo central la posiblidad de que el Gobierno madrileño pueda colaborar en la agilización de estos procesos.

Por su parte, la responsable de inmigración de IU, Susana López, reiteró, una vez más, su petición al Ejecutivo central para que regularice a los inmigrantes irregulares que tienen trabajo, a los que tienen una oferta de empleo y a aquellos que no se pueden repatriar, como la mayoría de los procedentes de países subsaharianos.

Otro problema tratado en este encuentro fue la educación de la población inmigrante.Contreras tachó de "aberración" que los menores inmigrantes estén escolarizados exclusivamente en colegios de la red pública, por lo que exigió que tantos los centros públicos como los concertados escolaricen el mismo porcentaje de menores extranjeros.

Por otro lado, tanto López como Contreras rechazaron la reforma del Código Penal propuesta del Gobierno por que sean expulsados los inmigrantes irregulares que comentan delitos penados con menos de seis años.

Tras reprochar al Gobierno su discurso e relacionar inmigración con delincuencia, Contreras subrayó que la vulneración de derechos fundamentales de los inmigrantes ha aumentado un 387% en España.

Finalmente, el parlamentario socialista madrileño exigió al Gobierno autónomo que elabore y consensue con los agentes sociales un nuevo Plan para la Integración Social de los Inmigrantes y que cuente con la dotación presupuestaria necesaria para aplicarlo.