Esta orden desarrolla el Real Decreto 395/2007, que regula el subsistema de formación profesional para el empleo, un texto por el que el Gobierno regional también ha planteado un conflicto positivo de competencia ante el Alto Tribunal que aún está pendiente de resolver.

Así lo señaló hoy el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, quien explicó que si bien el Estado tiene las competencias en materia laboral, son las comunidades autónomas las competentes en lo que se refiere a su ejecución y gestión.

"Tanto este decreto como la orden que lo desarrolla tienen una regulación tan exhaustiva, que impone a la Comunidad de Madrid quién va a recibir la formación dirigida a trabajadores, a través de quién se va a gestionar y cómo se va a financiar", aseguró González.

Según añadió, mediante la aplicación de la orden TAS/718/2008 la Comunidad de Madrid pierde o ve limitada su capacidad de decisión y gestión en aspectos tan importantes como la determinación de la forma de ejecución de los programas y acciones formativas.

El vicepresidente remarcó que la orden también impone a Madrid la determinación de los colectivos prioritarios para participar en las acciones formativas, las condiciones y cuantías de las ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación o el porcentaje de participación de trabajadores ocupados y desempleados en los distintos cursos.

González subrayó que, con este recurso ante el Tribunal Constitucional, "el Gobierno regional pretende evitar que se prive a la Comunidad de Madrid del margen necesario para facilitar a los madrileños una oferta de formación para el empleo verdaderamente integrada y adecuada a sus necesidades".