La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, recordó que desde que el Gobierno decidió poner en marcha estas tarjetas, en diciembre de 2021, el precio de los alimentos se ha incrementado un 25,7%. “El IVA cero no solo es para ayudar a esta población, sino para que el Estado no se enriquezca con este sistema”, explicó la consejera.

Además, la Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno de España que solicite a Bruselas que aumenten los importes del Fondo europeo destinado a este programa.

La consejera ha mostró su preocupación ya que el Ministerio de Derechos Sociales no ha garantizado que pueda prorrogar su acuerdo con Cruz Roja para la gestión de las tarjetas medio año más, hasta junio de 2025.

Todo ello a pesar de que el objetivo de esta prórroga es que el modelo de transición del Ministerio corrija deficiencias como la escasez de supermercados adheridos al programa o las dificultades de accesibilidad a las tarjetas, y de que algunas comunidades ya han expresado que su sistema no estará listo el 1 de enero de 2025, no siendo esta última circunstancia el caso de la Comunidad de Madrid, que comenzará a repartir las tarjetas a finales de este mes y ya está tramitando la licitación de la tarjeta autonómica para el año 2025, “a pesar de las incertidumbres que aún arrastra el nuevo sistema del Gobierno”.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid mostró su rechazo y malestar a que el Estado reduzca este año su aportación a las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes, “al mismo tiempo que quiere entregar un cheque en blanco a los independentistas en Cataluña para garantizar la investidura de Salvador Illa”.

En este sentido, recordó que el Estado está obligado por ley a cofinanciar el 50% de las prestaciones de dependencia, y en 2023 su aportación a la Comunidad de Madrid solo llegó al 30%. Ahora que la Comunidad de Madrid ha elevado su presupuesto hasta los 1.700 millones en 2024, la financiación del Estado todavía será menor que en el ejercicio anterior. “El Gobierno de España no puede escudarse en la prórroga de los presupuestos porque los ciudadanos en situación de dependencia tienen que seguir recibiendo los mejores servicios y prestaciones”, señaló la consejera.

Dávila insistió en que el Estado cofinancie el 50% de la dependencia a todas las comunidades autónomas sin excepción como marca la ley, y no solo a País Vasco y Cataluña, “por razones meramente políticas, generando todavía una mayor desigualdad entre españoles, y una desprotección sin precedentes de las personas más vulnerables de nuestro país”.