La normativa preveía que entraría en vigor el día 21 de abril, con su publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid, pero también incluía como requisito su aparición en el BOE.

La ley asigna a la Consejería de Educación las competencias de coordinación en materia de enseñanza universitaria, tanto en el ámbito público como privado, tales como la adecuación de la oferta de estudios a las necesidades de la región.

Para el jercicio de estas competencias, la ley ordena la creación del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid como órgano consultivo de la consejería.

Entre otras funciones de ese consejo está la de informar al Gobierno sobre las propuestas de creación y reconocimiento de nuevas universidades.