Chazarra explicó que uno de los problemas que dificultan las actuaciones de estas empresas es que carecen de un marco legislativo concreto, por lo que animó al Gobierno regional a ser el primero que afronte este reto.

En este sentido, el Grupo Socialista presentará en el próximo pleno de la Cámara una proposición no de ley que afronte este problema, a través del diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales.

Chazarra cree que entre las prioridades de las dministraciones públicas debería estar la obligación de insertar social y laboralmente a las personas y colectivos amenazados por el riesgo de la exclusión social.

El objetivo de las empresas de inserción es lograr un empleo asalariado, con contrato y seguridad social, como marco en el que se fortalezca y desarrolle el proceso de integración.

Según Chazarra, en la Comunidad de Madrid ya se ha creado la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI), una iniciativa novedosa en España y que e otros países "constituye una fórmula operativa de inserción", por lo que sería "enormemente positivo que el Ejecutivo autónomo respaldara este nuevo instrumento".

Por último, recordó que 1996 ha sido declarado Año Internacional contra la Exclusión Social y estimó que podría ser una buena ocasión para conmemorarlo aportando nuevos mecanismos de inserción.