Almeida explicó que el nuevo sistema de precios en centros para disminuidos es regresivo, porque atenta conta los intereses de miles de familias que tienen a su cargo minusválidos píiquicos y porque va contra el mantenimiento de un mínimo perfil del Etado de bienestar social.

Recordó que el director general de Servicios Sociales, Tomás Vera, envió una carta a las familias de discapacitados psíquicos en la que exponía que deberían pagar el 75% o el 35% de la renta familiar por estos servicios de día o residenciales. En este contexto, Almeida pidió al Gobierno regional que negocie con las asociaciones familiares.

Por su parte, Gallardón defendió el nuevo sistema de precios en centros de discapacitados porque es "más justo y solidario" y porque iscrimina positivamente a las rentas más bajas.

Afirmó que el nuevo sistema implica que aquellas personas que tienen mayor nivel adquisitivo contribuyan en la medida de sus posibilidades económicas a la financiación de los servicios, con el fin de incrementar éstos para todos los ciudadanos, especialmente para los que cuenten con menor poder adquisitivo.

EJEMPLOS

El presidente regional explicó que todos los centros privados de atención a minusválidos se han integrado en una sola red publica y epuso varios ejemplos sobre cómo se aplica el sistema de precios.

Dijo que, por ejemplo, un ujier de la Cámara, con un salario de unas 220.000 pesetas mensuales, y con un hijo discapacitado, no pagaría nada por los servicios de día o residencial.

Una persona con un salario similar al de un diputados regional, unas 460.000 pesetas mensuales, pagaría 36.000 pesetas al mes por los servicios en centro de día y 97.000 pesetas en una residencia.

El último ejemplo fue el de una persona con un salari como el suyo, unas 770.000 pesetas. Dijo que tendría que pagar unas 70.000 pesetas por tener a un hijo discapacitad en un centro de día y 170.000 pesetas en una residencia.