"Nos planteamos dudas de que esta accesibilidad sea legal e, incluso, constitucional", afirmó Barranco, que añadió que las mismas dudas se están planteando en Sevilla, ciudad en la que la empresa norteamericana EDS ya funciona.

El PSOE defiende que la sanción, notificación y recaudación sean realizadas pr instituciones públicas, ya que "sólo así se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos". El ayuntamiento tiene capacidad para gestionar el cobro de multas, con un departamento de multas, un centro informático (el CEMI) y una empresa municipal de recaudación (ERESA), "pero tiene que haber voluntad de que funcionen conjuntamente", indicó Barranco.