El diputado socialista explicó que, según la bases del citado concurso, sólo el 35% de las nuevas plazas serán públias y el resto serán de gestión privada a un precio de 258.000 pesetas mensuales.

Teniendo en cuenta que cada residencia albergará a 180 personas, de las casi 7.000 nuevas plazas que habrá en el años 2006, sólo unas 2.400 serán públicas y casi 4.600 privadas, "lo que significa no dar ninguna salida a las 20.000 personas que están a la espera de una plaza en este tipo de centros.

Sabando, tras exigir al Gobierno este listado de demandantes de plaza en residencias de la tercera edad, se mostró dispusto a consensuar con el Ejecutivo autónomo un plan "realmente viable que resuelva el problemas y acabe con las demoras".

"Con esta política, las listas de espera no harán más que incrementarse, ya que mensualmente se presentan unas 500 nuevas solicitudes", añadió.

Con respecto al análisis del concurso de la CAM para construir residencias de mayores, Sabando explicó que las condiciones del mismo son poco viables para los pequeños empresarios, "lo que puede representar una puerta abierta para que ls grandes empresas entren y dominen el sector".

Afirmó que grandes grupos, con participación en negocios diversos, podrían optar a construir residencias, aunque al principio tuviesen pérdidas, que serían compensadas por los beneficios del resto de negocios.

Según un documento del Grupo Parlamentario, al que tuvo acceso Servimedia, "en los pliegos de condiciones, se exige en la memoría económica y financiera a presentar que el concursante indique el año en el que se alcanzará el punto de equilibri económico. Con este sistema se asegura la pérdida y no se garantiza el equlibrio".

En el escrito, se dice que el equilibrio económico y la viabilidad solo son posibles si existen otros factores que no se contemplan en los pliegos, como puede ser el compromiso de ocupación superior al 35%.

Asimismo, los pliegos de condiciones preven que se debe contar con financiacion bancaria del orden de 700 millones de pesetas, señala el texto, que cifra en 116 millones de pesetas las pérdidas anuales de los pqueños empresarios que quieran acceder al concurso, durante los primeros años, si la ocupación total no está asegurada.

"Esto condena al fracaso al inversor, a menos que se haga esto porque ya se sabe quienes son los adjudicatarios y no se quiere la competencia. Es decir, que las residencias están adjudicadas de antemano y que los adjudicatarios son sociedades vinculadas a grupos económicos que no necesitan acudir a la financiación bancaria, sino que la tienen por sí mismos, del mismo grupo, en base aque se les haya asegurado que la ocupación va a ser superior y no va a haber pérdidas", añade el documento.