Por otro lado, Gordillo reveló en la comisión parlamentaria que el Ivima ha enviado70 demandas de desahucio a otras tantas familias de Orcasur por impago del alquiler de las viviendas sociales que, en algunos casos, habitan desde 1987,

Gordillo explicó que en Orcasur, del distrito de Usera, viven unas 2.200 familias de extracción humilde, de las que 170 han recibido esas notificaciones. Estas familias, muchas de ellas sin contrato, recibieron en 1987 un escrito del IVIMA diciéndoles que que se paralizaba la facturación del recibo hasta arreglar su situación contractual.

Despuésde más de 13 años, estas familias recibieron en enero de 2000 una carta del IVIMA exigiéndoles el cobro de los recibos atrasados desde 1987, lo que, a juicio de Gordillo, es ilegal porque el Código Civil aclara que las deudas prescriben a los cinco años.

El diputado, tras destacar que muchas de estas personas viven del Ingreso Madrileño de Integración (unas 40.000 pesetas al mes), afirmó que en la denuncia ante los juzgados que realiza el IVIMA se indica desde cuando deben la renta estos vecinos pero o cuando les fue notificada, en 2000, lo que podría suponer una prevaricación.

Asimismo, denunció que el IVIMA carga intereses improcedentes a estas familias y que cuando reconocen la deuda y quieren comprar la vivienda se les obliga a estar tres años de alquiler.

"Nos parece que el IVIMA abusa de su posición frente a los ciudadanos más débiles y de mala fe les impone cláusulas abusivas que les lleva a la indefensión", dijo Gordillo, quien recordó que el último informe anual del Defensor del Puebo señala que el IVIMA realiza su gestión "con falta de transparencia, seguridad jurídica y eficacia".

ALTA MOROSIDAD

Por su parte, el director gerente del IVIMA, Juan José Franch, explicó que las demandas van contra los que no pagan y recordó que cuando llegó al cargo había una morosidad impresionante.

Afirmó que el IVIMA ha reducido al 50% el máximo que puede cobrar por una vivienda de 70 metros cuadrados (de 30.000 a 60.000 pesetas mensuales) y que, en algunos casos, a las familias de economí débil les pone una mensualidad de 5.000 pesetas.

Reconoció que se han podido producir algunos errores, lógicos cuando el IVIMA gestiona unas 90.000 casas sociales, y dijo que a los vecinos se les ofrece, en los casos citados por Gordillo, la posibilidad de pagar la deuda desde 1987 o hacerlo desde la fecha de la notificación, pero abonando entonces los precios de alquiler de 2000.

Franch manifestó que se han presentado 108 demandas, de las que han sido resueltas 92 y que en sólo 6 casos no se hallegado a ningún acuerdo con las familias y concluyó señalando que "todavía no se ha producido ningún alzamiento".