Según la Ferede, la decisión que adoptó el pleno del ayuntamiento con los votos favorables del PP "supone asumir una confesionalidad municipal contraria a la aconfesionalidad constitucional de las institucione públicas".

El pleno también acordó pagar a un sacerdote católico con cargo al erario público y ceder, ocasionalmente, la capilla a otras confesiones, pero sólo para actos funerarios y siempre que se solicite con antelación y se ajuste la petición a las condiciones de la Iglesia católica.

La Ferede denunció en un comunicado que la decisión "encarna perfectamente un peligroso retroceso en materia de derechos humanos", por lo que reclamó que las autoridades municipales acuerden con los representants de las confesiones reconocidas por el Estado la distribución y uso de la capilla.