El Consistorio creó en octubre de 2023 una comisión ex profeso que, desde entonces, trabaja en el proyecto para la reforma de la ley y que está conformada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, miembros del Gobierno municipal, personal de la Asesoría Jurídica y personas expertas designadas por el primer edil, entre catedráticos profesores universitarios y juristas.

En el momento de la creación de dicho organismo, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) ya recogía que la “finalidad y funciones” de la comisión, pasan por el desarrollo de “propuestas de modificación de la Lcrem que permitan consolidar y actualizar el régimen jurídico, organizativo, financiero y competencial previsto en dicha Ley” trabajando en varios ámbitos, entre ellos, “la financiación y la gestión presupuestaria”.

El mismo texto expresaba que la comisión tenía el objetivo de “trabajo de análisis de las distintas posibilidades de modificación de la Lcrem en desarrollo de los principios de autonomía local, subsidiariedad, diferenciación y suficiencia financiera”.

ARGUMENTOS

En junio, durante el balance el primer año de su Gobierno, Almeida anunció que estos expertos habían “finalizado” sus trabajos y que el borrador en el que estaban trabajando permitiría "adaptar el marco normativo y fiscal de la ciudad de Madrid a las exigencias de una gran ciudad en el siglo XXI".

A juicio del Consistorio, los argumentos para la reforma parten de que la actual Lcrem “adolece de varias carencias debidas tanto a la falta de adaptación a la legislación estatal aprobada desde entonces, como a la no inclusión en el texto de la ley de determinadas regulaciones de importancia, como las relativas al régimen financiero”.

Además, el ejecutivo municipal considera que la “evolución de la estructura económica y social de Madrid como capital del Estado” requieren que la ciudad cuente con las “herramientas necesarias para afrontar la gestión de un entorno cada vez más cambiante e innovador”.

NUEVOS IMPUESTOS

La reforma permitiría a la ciudad incluir nuevos impuestos justificados en su situación especial como capital, por ejemplo, una tasa turística teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que van a Madrid en lugar a de a otras ciudades. No obstante, el Gobierno municipal ya rechazó esta posibilidad en el Pleno de junio y la delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda argumentó que la política del Consistorio es "mantener unos impuestos equilibrados" que "permitan financiar los servicios públicos además de crear empleo y crecimiento económico".

También existe la posibilidad de que Madrid cuente con herramientas alternativas a las que tienen otras ciudades. Actualmente, las singularidades con las que contaba Madrid bajo el paraguas de esta ley eran la posibilidad de contar con agencia tributaria propia, aunque está posibilidad también se recoge en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Además, la capital se encuentra en el régimen de “cierre registral” aunque esto dejó de ser excepcional en 2013 porque se estableció para todos los municipios.

El trámite para la aprobación tiene como primer paso la elaboración del proyecto para la reforma, que se tendrá que aprobar en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, elevarse al Pleno y posteriormente al Congreso de los Diputados para su aprobación y posterior ratificación en el Senado.