"Nuestra intención es conseguir una solución a los 10.000 cooperativistas madrileños que se han visto afectados por los problemas derivados de la mala gestión de la cooperativa", explicó Del Río.

Según el PP, la Comunidad de Madrid conocía desde el primer momento, o debería haer conocido, las incidencias que ha tenido en su gestión la cooperativa de la UGT.

El portavoz de Política Territorial del PP explicó que la Comunidad de Madrid participó en la expropiación de los terrenos destinados a la cooperativa de Valdebernardo, "siendo beneficiario el Instituto de la Vivienda de Madrid. Con posterioridad se constituye el Consorcio Urbanístico de Valdebernardo, en el que participan el Ivima, la Sociedad Estatal del Gestión Inmobiliaria de Patrimonio y las cooperativas Vitramadri y PSV".

Del Río añadió que "cuando se le pagó la expropiación a PSV por los terrenos de Valdebernardo, se debieron adoptar las suficientes garantías para que no se desvirtuase el fin de la expropiación, que implica una declaración de utilidad pública o interés social"