Además, mostró su preocupación por las desigualdades que generará el Estatuto de Cataluña en el sistema de financiación y aseguró que, además de representar un "freno a la solidaridad" regional es "inaplicable" y "contradictorio con otros proyectos de reforma estatutarios".

Así lo puso de manifiesto durante la clausura de la jornada "Modelo de Financiación de las Comunidades Autónomas", organizada por la Consejería de Hacienda y por el Centro de Estudios "Economía de Madrid" de la Universidad Rey Juan Carlos.

El acto, que se celebró en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, también contó con la participación del rector de la Universidad, Pedro González-Trevijano; del viceconsejero de Hacienda, Enrique Ossorio; del ex secretario de Estado de Administraciones Públicas, Gabriel Elorriaga; así como dos catedráticos en derecho financiero y tributario.

La consejera señaló que, ante la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, el Estado deberá incrementar su aportación para compensar a comunidades que hayan experimentado un importante aumento de población en los últimos años y situar la financiación per cápita en una banda de fluctuación estrecha entre las diversas comunidades autónomas (actualmente fluctúa entre los 2.229 euros por habitante de La Rioja y los 1.616 de Murcia), manteniendo el modelo de descentralización de la gestión tributaria vigente.

Asimismo, Hidalgo aseguró que cualquier reforma, además de surgir de una negociación plural abordada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), deberá basarse en el cálculo de las necesidades de financiación de cada comunidad, teniendo en cuenta factores estructurales como el crecimiento poblacional o el aumento de la población protegida, en el caso de la sanidad, que afectan directamente a la suficiencia del modelo, según informó en una nota la Comunidad.

También hizo hincapié en la solidaridad como "principio irrenunciable" sobre el que debe cimentarse cualquier reforma, de manera que la Administración del Estado pueda asegurar recursos suficientes para continuar con las inversiones necesarias en cada región.

Además, la titular de hacienda apuntó que también debe exigirse la garantía del principio de lealtad institucional, así como del de suficiencia, de modo que la prestación de los servicios transferidos se realice en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, con independencia de la recaudación tributaria en cada comunidad autónoma y de su riqueza.