Las organizaciones ARI-Perú, ATIME, CEAR, CCOO, MPDL, UGT, UO-DCI y SOS Racismo destacan, en una nota de prensa, que la Ley de Extranjería "ha creado situaciones que contravienen los derechos humanos y ha aumentado la vulnerabilidad de los inmigrantes a la explotación laboral".

Según este colectivo, el proceso de regularización por arraigo se está retrasando enormemente (a la par que el régimen general, renovaciones, etc.), afectando a determinados derechos de los extranjeros, como la reagrupación familiar.

Además, señalan que la decisión de restringir laparticipación de las organizaciones y sindicatos en la tramitación de los procedimientos conlleva la marginación de entidades que no solamente apoyan a los inmigrantes, sino también a la propia administraicón a la hora de tratar con diligencia los expedientes administrativos.

Ante la situación denunciada, estas entidades piden a los poderes públicos de la Comunidad de Madrid medidas para que estas personas accedan a un permiso de trabajo y residencia que les permita ejercer su derecho a una plena interación social y laboral.