Esta ley, que entró en vigor el 27 de julio de 1997, establece en su artículo sexto que los locales tienen la obligación de adaptarse para permitir el normal acceso de los minusválidos.

Impedir el acceso a un discapacitado alegando motivos de seguridad "sería básicamente reconocerlea este señor que no están cumpliendo la ley. Pero eso no debe pagarlo la persona discapacitada, sino el local en cuestión", indicó Martínez.