Mediante el sistema que recoge este anteproyeco, la Administración podrá intervenir contra estos centros no autorizados a través de un proceso denominado "suspensión de actividad", que se iniciará de oficio y en el que los plazos y las actuaciones están extremamente acotadas, además de imponerse un multa automática de 60.000 euros.

Según informó hoy el Gobierno regional en una nota de prensa, las sanciones a centros autorizados sufrirán modificaciones, ya que se duplicará la cuantía de las leves y graves. En cuanto a las muy graves pueden alcanza hasta los 600.000 euros, además de prohibir el ejercicio de cualquier actividad empresarial social.