Según el texto aprobado, se considera inracción muy grave impedir el libre acceso locales a personas con movilidad reducida, los incumplimientos de las normas sobre supresión de barreras en las obras de nueva construcción de edificios públicos o privados y de la reserva de vivienda para personas discapacitadas.

El decreto señala asimismo que las infracciones graves serán castigadas con multas de 1 a 10 millones de pesetas y las leves, con sanciones de 50.000 a 1 millón de pesetas.

Los competentes para imponer sanciones son los alcaldes la dirección general correspondiente y el consejero competente, dependiendo del monto de la multa.

Los alcaldes de los ayuntamientos que no excedan de 10.000 habitantes podrán imponer multas hasta un máximo de 100.000 pesetas; los regidores de los municipios que no tegan más de 50.000 habitantes, hasta 500.000 pesetas; los de hasta 100.000 habitantes, hasta 1 millón de pesetas; los que no excedan de 500.000 habitantes, hasta 5 millones de pesetas, y los de más de 500.000 habitantes, hasta un máximo d 10 millones de pesetas.

La dirección general correspondiente podrá poner multas de hasta 25 millones de pesetas y las superiores a esta cantidad corresponderán al consejero de Presidencia.