"Las casas de empeño tienen la obligación legal de comunicar a las autoridades policiales la identificación de las personas que realizan operaciones contractuales de penda", añadió Bardisa.

Para el diputado regional del PP, el problema consiste en que la Policía, aun teniendo conocimiento de la situación legal de los prendistas, no investiga en la mayoría de los casos la procedencia de los objetos. "En numerosas ocasiones son objetos procedentes de robos en la calle o en las casas y, al final, objetos que podían ser devueltos a sus propietarios son comercializados en las casas de empeño", señaló.

Ismael Bardisa ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid ue informe sobre las operaciones realizadas en casas de empeño de la CAM por personas con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y por tráfico de drogas.

El parlamentario popular concluyó que "el Consejo de Gobierno de la Comunidad debería instar al Gobierno de la nación a que realizara una modificación legal que permita un seguimiento de las labores desarrolladas en las casas de empeño, ya no sólo en nuestra comunidad sino también en el resto de España, y que solicite a la Dirección Genral de la Policía un mayor control sobre los prendistas con antecedentes policiales".