Por otro lado, Amnistía Internacional España cumple este año dos décadas de existencia. El Comité Ejecutivo Internacional de AI reconoció en abril de 197 como sección al grupo de personas que, alguna desde 1962, habían colaborado con la organización a título individual.

Creada en 1961 por el abogado inglés Peter Benenson, AI basa su actuación en pedir la liberación de los presos de conciencia, propugnar la realización de juicios justos para todos los presos políticos y oponerse sin reservas a la pena de muerte, la tortura o cualquier trato cruel impuesto a presos de toda índole.

Las normas de Amnistía Internacional, que defiende celosamente su idependencia e imparcialidad, establecen que los voluntarios de un país no pueden trabajar en casos de ese mismo Estado, aunque sí sobre legislación, como la lucha que mantuvo el grupo contra la pena de muerte de Madrid, que en 1996 consiguió su abolición definitiva en el Estado español.

La Unión Territorial de Madrid de AI celebrará el próximo sábado 8 una asamblea informativa de socios en la que se pasará revista a las actuaciones de los diferentes grupos de trabajo durante el último año, así como lo proyectos para 1997, señaló a Servimedia su portavoz, Carlos Atarés.

GRUPOS DE TRABAJO

AI Madrid está formada por 6 grupos que trabajan sobre temas específicos y 19 grupos locales, que tienen un método de trabajo distinto al de los específicos, ya que trabajan sobre un país o un caso concreto. Además, en Alcobendas y Alcalá de Henares hay sendos grupos en periodo de formación, que en el futuro pasarán a ser grupos locales.

Los principales asuntos sobre los que trabajan los grupos locales son: a red MERAN (Oriente Próximo), que incluye Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, Sahara Occidental; la red CAFRAN (Centroáfrica), con Chad, República Centroafricana, Gabón, Congo, Camerún, Zaire, Ruanda y Burundi.

También, la red NARAN (países andinos del norte), que afecta a Colombia, Ecuador y Venezuela; la red PABRAN (andina sur), que comprende Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la red CASA (Centroamérica), constituída por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaagua y Panamá.

Respecto a los grupos específicos, consisten en los de acciones urgentes, refugiados, pena de muerte, educación en derechos humanos, médico y de actos externos.