Mendiluce pretende paralizar estas operaciones aplicando "medidas de suspensión cautelar de las decisiones adoptadas hasta ahora ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".

Señaló que Los Verdes se comprometen a plantear, en un pleno extraordinario, en caso e formar parte de un gobierno progresista, el debate sobre la posibilidad de revocación de las decisiones municipales adoptadas sobre ambas operaciones.

"En la Operación Real Madrid, nuestra opción es la permuta de ese suelo deportivo por otro donde puedan trasladarse sus instalaciones. En la Operación Chamartín, nuestra opción es una reducción de la edificabilidad actual a la mitad, como estaba previsto inicialmente, y que el 50% de las viviendas construidas sean de protección oficial para compra o aquiler", explicó.

Su pretensión es presentar, por parte del Ayuntamiento, un recurso de inconstitucionalidad por vulneración de derechos especialmente protegidos ante dos medidas aprobadas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado 2003, que permiten que las operaciones de especulación urbanística que se están llevando a cabo en la capital no encuentren más escollos legales.

Las citadas medidas incluidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estad 2003, consideradas inconstitucionales por Los Verdes, son La modificación del artículo 74 del texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, por el que los derechos de los reversionistas decaen a los treinta años de la expropiación; y el 76 de la Ley de Expropiación Forzosa, por la cual la administración expropiante podrá tomar por la fuerza posesión de los bienes, con la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Este último artículo supone, a juicio de Mendiluce,que, en caso de que algún vecino no acepte las condiciones que impone la administración en las expropiaciones y realojos, podrá ser desalojado por la Policía.