Panadero dio a conocer en su comparecencia las nuevas medidas que recoge el anteproyecto de Ley de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de la Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales que, según dijo, convierte a la Comunidad de Madrid en la primera administración que promueve en España una legislación de "segunda generación" sobre la prestación de servicios sociales.

Entre los puntos más destacados está la introducción de un sistema rápido y eficaz para actuar contra las residencias "piratas". Mediante el sistema que recoge el anteproyecto de ley, la Administración podrá intervenir contra estos centros no autorizados a través de un proceso denominado "suspensión de actividad", qu se iniciará de oficio y en el que los plazos y las actuaciones están extremadamente acotadas, además de imponérsele una multa automática de 60.000 euros.

En cuanto a las sanciones, en centros que cuenten con autorización, las leves y graves se han duplicado, y las muy graves pueden alcanzar hasta los 600.000 euros. Las faltas muy graves, además, podrán ser sancionadas con la prohibición del ejercicio de cualquier actividad empresarial social, la exclusión de la financiación pública, el cierre tempora o parcial y que se publicite el nombre y hechos cometidos a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o de los medios de comunicación social.

INSPECCION ANUAL

Otras novedades que incluye la nueva ley, que afecta tanto a los centros públicos como a los privados, es que serán sometidos al menos una vez al año a una inspección y siempre que se presente una denuncia; la obligatoriedad de contar con la figura de un director responsable de su organización, funcionamiento y administración, y lacreación de un sistema de evaluación, necesitando los centros de más de 100 plazas un certificado de calidad externo.

Además, se establece un Decálogo de Derechos del Usuario y se regulan modalidades de pago alternativas, como la cesión de bienes, el reconocimiento de deuda o el pago en especie.

El objetivo final de esta ley es, según explicó Francisco Panadero, garantizar la adecuada prestación de los servicios por las entidades autorizadas de acuerdo con parámetros de calidad previamente definios, referidos tanto a aspectos funcionales como materiales.

Otros objetivos son reconocer y garantizar los derechos y deberes de los usuarios, a fin de contribuir a la mejora permanente en la prestación de los servicios sociales, y diseñar un sistema sancionador que permita exigir la responsabilidad de la gestión con mayor agilidad y eficacia.