"Nos jugamos la posibiidad de que en Madrid puedan existir viviendas baratas y sociales para el 70% de los demandantes que no encuentran una casa. Con el proyecto del Gobierno del PP no será posible, los precios seguirán aumentando y sólo se construirán viviendas sociales en lugares desestructurados, sin equipamientos", manifestó.

IU, que presentará en el pleno parlamentario del 7 de junio una enmienda a la totalidad y un texto alternativo, es partidaria de que se consensue, como pasó en 1995 con la ley del suelo en vigor. "Aceptamos llegar al consenso en una ley con 255 artículos en 12 aspectos de la misma, que contienen los pronunciamientos de todos: sindicatos, promotores y demás partes del tejido social", reiteró Sanz, que destacó: "No hay nadie en la Comunidad, excepto el PP, y en concreto el consejero de Obras Públicas, que esté de acuerdo con esa ley. Ni la patronal, ni los sindicatos, ni los vecinos están de acuerdo".

Adelantó algunos contenidos en esos "12 aspectos", como los referidos a temas como la elimnacion de tipos de suelos, llamados en la vigente ley no urbanizable, con el objetivo de que todo el suelo pase a ser susceptible de urbanización, restando competencias a los ayuntamientos.

Asimismo, señaló que el texto del Gobierno no recoge recomendaciones de la UE para los desarrollos urbanos en general, desde el punto medioambiental y de la promoción de la cohesion social. Además, quitan a los ayuntamientos la concesión de licencias de obras, que quedará en manos de las llamadas entidades homologaas certificantes, de carácter privado.

"Obras Públicas es la Consejería menos transparente y más opaca y prepotente en todas sus actuaciones que ha pasado por la historia de democrática de la Comunidad", según el diputado de IU, que críticó que el proyecto de ley elimina todos los órganos de participación.

Si la ley sale sin modificaciones, será "una ley exclusivamente del PP y no de la Comunidad", dijo Sanz, que se mostró dispuesto, en favor del consenso, a "cesiones y esfuerzos ímprobos".

Estaríamos dispuestos a aprobar como separata una modificación a la ley vigente para desbloquear desarrollos urbanísticos como la operación Chamartín y que el resto de la ley quede pendiente del acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales", concluyó.

La portavoz adjunta del PSOE, Helena Almazán, criticó también el proyecto de Ley del Suelo, porque se inspira en los mismos esquemas urbanísticos del PP a nivel estatal, manteniendo una máxima que no es cierta, como la de que cuanto más suelo urbaniable haya más se abarata el precio de la vivienda.

Asimismo, denunció que el primer borrador del PP incluía la reserva del 50% del suelo para vivienda protegida en cada sector y que ahora han cambiado, a instancia de los promotores privados, y sólo se respetará ese porcentaje para las areas de reparto, lo que significa centrar toda las viviendas sociales en un sólo punto.

El portavoz del PP, Miguel Angel Villanueva, defendió el proyecto del Gobierno, uno de los mas importates de la legislatura, prque es "decididamente social, favorece la vivenda protegida, reduce la especulación y respeta el medio ambiente".

"Soy optimista en la posibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición, porque, aunque hay lineas básicas irrenunciables, también hay un margen de negociación importante. Espero que la oposición recoja ese espíritu de colaboración", añadió.