La coalición madrileña basa su recurso en que el Ayuntamiento no tiene competencias para conceder servicios de telecomunicación, algo que corresponde exclusivamente al Estado, en virtud de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT).

IU solicita además al tribunal que suspenda la ejecución del acuerdo recurrido mientras se resuelve su recurso, al considerar que en el caso de que se declarase el acuerdo contrario a derecho, se originarían cuantiosos perjuicios económicos para el Ayuntamientode imposible reparación.