García explicó que "habíamos acordado con los trabajadores reunirnos en la Asamblea, pero luego ellos me solicitaron que me trasladara al Centro Altamira para reunirnos allí con los trabajadores que protestan con el encierro. Pero cuando se solicitó la autorización a las autoridades del centro me fue denegado el ingreso, con el argmento de que la solicitud no se había hecho con la suficiente antelación y que era necesario el permiso del gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia".

La diputada, que se reunió finalmente en la Asamblea de Madrid con los trabajadores de los centros de reforma, señaló que "hemos coincidido con los trabajadores en que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor ha mostrado sus deficiencias, pero reconocer este hecho no permite a la administración autonómica hacer dejación de sus responsabildades".

A su juicio, "el gobierno del PP se ha mostrado incapaz de aplicar la Ley de Responsabilidad del Menor en los centros de su competencia. Es evidente que en esos centros existe un conjunto de problemas, que van desde la falta de recursos humanos a la incapacidad de sus responsables para desarrollar los programas educativos que permitan la incorporación de los internos a la sociedad".

Asimismo, demandó al gobierno regional la puesta en marcha de medidas urgentes para solucionar los problema en los Centros de Reforma y explicó que "la política de déficit cero es incompatible con una Ley como ésta, que requiere grandes inversiones para lograr su efectividad. Crear nuevas plazas, como promete la Consejera, no resulta suficiente si estas plazas no van acompañadas de medidas que posibiliten la reincorporación de los internos a la vida normalizada".