"¿Puede una actividad consistente en verter componentes peligrosos para la salud humana o el medio ambiente no sólo no ser perseguida sino incentivada?", se preguntó Setién.

El parlamentario de IU explicó que la normativa, recogida en el artículo 8 del decreto que regula los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid, "supone un sinsentido que se concreta en que las compañías que perjudiquen al medio ambiente, lejos de ser multadas, se benefician de fodos públicos para paliar los destrozos que ellas mismas han cometido".

El decreto del Gobierno señala que las empresas que contaminen un suelo están obligadas a realizar las tareas de limpieza y recuperación. En el citado artículo se dice que "los convenios de colaboración que se suscriban con la Comunidad para realizar esas operaciones deberán contemplar la forma y plazos de ejecución de las mismas y podrán prever incentivos económicos que puedan servir de ayuda para financiar los costes de tales opeaciones".

Además, el diputado regional afirmó que la previsión de que las plusvalías generadas por la limpieza en los terrenos contaminados reviertan en la Comunidad de Madrid "no se sostiene, habida cuenta que parte de un supuesto y no de una realidad, ya que nadie asegura que se vayan a generar".