El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre considera que los términos invocados en la norma no justifican la urgencia de la misma a través de un real decreto.

Así lo anunció hoy el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, quien explicó que la creación por parte del Gobierno central de esta Oficina de Atención al Consumidor podría suponer una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo. Dicha oficina supone una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas.

El Gobierno regional sostiene que "nada justifica" la aprobación, a través de un real decreto ley de medidas urgentes, de la Oficina del Consumidor en la CNE.

Según explicó González, el Ministerio de Industria se ampara en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético, y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar decretos leyes.

La Comunidad considera que "ninguno de estos motivos" justifica la argumentada urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido dictada "y se pretende justificar la creación de esta Oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento".

El Gobierno regional considera que es "difícil" que la actuación que se asigne a la oficina dé respuesta a los problemas que puedan surgir como consecuencia de una regulación posterior. Por lo tanto, dicho decreto, enjuicia la Comunidad, "sería anticonstitucional, ya que las motivaciones de urgencia alegadas por el Ministerio no están debidamente justificadas".

González señaló que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, debería explicar a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, "cuando ni las compañías eléctricas ni evidentemente los consumidores se benefician de dicho cambio".

El vicepresidente hizo hincapié en que el ministro debe dar razones y explicar por qué asegura que el cambio beneficia a los consumidores.