El texto de la denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, indica que en el ordenamiento jurídico español "no existe ninguna norma penal o administrativa que incrimine o sancione el libre ejercicio de la prestación de trabajos sexuales a cambio de precio".

Partiendo de esta remisa, las denunciantes consideran que los responsables municipales han cometido un delito de "coacciones", porque "el despliegue de acoso y hostigamiento" por parte de la Policía Municipal "está encaminado directamente a impedir que las mujeres puedan concertar sus servicios sexuales y sus potenciales clientes puedan materializarlos".

"Hetaira" considera también que Ruiz-Gallardón y sus concejales han cometido prevaricación ya que "han dictado a sabiendas resoluciones administrativas ilegales e injutas", con el fin de "imponer mediante el despliegue coactivo su particular concepción de la moral privada o pública".

"La prevaricación persigue un pretendido fin moralizante o libertador, cuando nadie ha solicitado ser liberada o reeducada", prosigue la denuncia.

Por último, la asociación de defensa de las prostitutas estima que ha habido un delito contra los derechos fundamentales y cívicos de las personas, en tanto que "los hechos denunciados impiden desde la libre circulación y estancia en lacalle de Montera, hasta las actuaciones intimidatorias contra los potenciales clientes que conversan con las mujeres para la concertación de los servicios".