"El consejero no debería haber concedido el permiso de funcionamiento, como medid precautoria hasta que se hubiera resuelto la demanda del fiscal", manifestó hoy Oliva Núñez, responsable de Salud y Medio Ambiente de la organización ecologista.

Núñez lamentó que la decisión judicial de no cerrar cautelarmente la planta, como así lo había requerido el fiscal mientras se resolviese el caso, se haya basado en los informes aportados por la propia empresa (Tirmadrid) y no en los de expertos independientes.

Para Greenpeace, la decisión de Mayor Oreja protege exclusivamente los interses económicos de Tirmadrid y no la salud y el medio ambiente de los ciudadanos.