Esta posición de la Comision Europea viene recogida en una contestación a tres eurodiputados españoles sobre este asunto.

Cobo, tras dejar claro que el sistema de contratación de la Comunidad no excluyea ninguna empresa y es respetuoso con la libre competencia, afirmó que dentro de la directiva europea que marca la condiciones para la contratacion se habla de la posibilidad de considerar otra serie de parámetros, además de los de pura rentabilidad económica, como el de mayor rentabilidad social.

Explicó que las empresas con más trabajadores fijos son más rentables social y económicamente. Además, en ellas se producen menos accidentes.

"Estamos traquilos y creemos que hemos hecho, con los agente sociales, un buen acuerdo. Lo vamos a defender en todos los foros", explicó.

Cobo aseguró que "no incumplimos ningún precepto europeo y si tenemos que iniciar un procedimiento contencioso, lo haríamos ante los tribunales europeos. Espero que la UE rectifique porque estamos convencidos de la validez jurídica, política y social de la medida de la Comunidad de Madrid".

El portavoz adjunto de IU, Juan Ramón Sanz, dijo que espera que no prospere este tipo de iniciativas y que si llega a los tribunale, su grupo apoyaría al Gobierno, "no tanto a él como cualquier política correctora, desde lo social, del liberalismo".

Afirmó que esta actitud "nos alerta una vez más sobre la construcción europea, que se está produciendo en lo económico y en lo social, aunque sólo se piensa en términos monetarios y de liberalización".

La portavoz adjunta del PSOE-Progresistas de la Cámara regional, Helena Almazán, señaló que no le sorprende esta postura de la UE porque "no es la primera vez que la Comision Europa falla en contra de medidas de acción positiva para colectivos socialmente desfavorecidos".

Afirmó que su grupo apoya esta medida de estabilidad en el empleo de la Comunidad de Madrid y pidió al PP que, "además de decir que irá a las altas instancias, podía convencer a los empresarios, que son los que han ido a defender su postura".

El portavoz del PP, Pedro Calvo, dijo que la respuesta de la UE es "desalentadora", porque está en contra de que los únicos criterios para la contratación administraiva sean los exclusivamente economicistas.

"¿Por qué no primar a las empresa más comprometidas con el empleo estable y a las que tienen el cupo de minusválidos?", se preguntó Calvo.