Según el Ejecutivo regional, el proyecto de ley prohibe el beneficio familiar y en los casos de constitución de fundaciones por personas jrídico-públicas establece condiciones y cautelas para garantizar los controles ordinarios de la actividad administrativa y para evitar la confusión de ambos patrimonios y regímenes jurídicos.

El órgano de gobierno de las fundaciones será el Patronato colegiado de al menos tres miembros. El texto admite que en nombre de los patronos menores de edad actúe su representante legal.

Asimismo, regula la delegación de voto de los patronos y en materia de disposición de bienes de las fundaciones establece con criterio flexible, la mera comunicación al Protectorado para su control a posteriori.

Finalmente, crea el Consejo Madrileño de Fundaciones, de carácter colegiado, formado por las consejerías de Gobierno regional competentes en materia de protectorado o registro y por las fundaciones competencia de la Comunidad de Madrid.