Entre estas medidas, destaca la petición de que se amplíe el número de inspectores de Trabajo y Seguridad Social destinados en la región y que se inicie la tramitación de una ley reguladora de la sucontratación en el sector de la construcción.

Asimismo, ha solicitado la modificación del real decreto ley por el que fue aprobado el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ampliando la prohibición para contratar con ellas a los sancionados con carácter firme por cualquier infracción a la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Igualmente, el Gobierno de Ruiz-Gallardón ha solicitado el inicio del análisis de la modificación del régimen de prestaciones derivdas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y contingencias comunes, previstas en la Ley General de Seguridad Social.

Estas iniciativas del Consejo de Gobierno forman parte de la estrategia del Ejecutivo regional en el ámbito de la siniestralidad laboral, que prevé también un aumento del 132% en el presupuesto del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2001 la Comunidad de Madrid resolvió 1.982 expedientes sancionadores por lacomisión de infracciones de la normativa sobre seguridad e higiene laboral e ingresó 685.824.076 pesetas del cobro de las multas impuestas a las empresas infractoras.