La decisión del Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón, primero que aplica este nuevo impuest, ha sido rechazada frontalmente por los consumidores, los sindicatos, los partidos de la oposición y los profesionales del transporte.

Precisamente ayer, en vísperas de la entrada en vigor de la medida, la Federación de Organizaciones de Transportistas (Fenadismer) pidió al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.

El Gobierno de Madrid ha sido el primero de España en impulsar este nuevo impuesto autonómico sobre las gasolinas para finaciar la sanidad. La subida de los combustibles en la región será de 2,4 céntimos por litro en los próximos tres años, a razón de un céntimo el primer año y 0,7 céntimos los dos restantes.

Las organizaciones de transportistas, que consideran discriminatorio este gravamen, han recomendado a sus asociados que, cuando sea posible, no reposten en estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y esperen a llegar a alguna gasolinera situada en una comunidad limítrofe.