Ruiz Gallardón dijo que la Comunidad tiene actualmente 50.000 metros cuadrados alquilados, lo que supone "una situación crítica por el coste económico y la dispersión".

El propósito del Gobierno regional es adquirir edificios protegidos, a fin de remodelarlos y adecuarlos para su uso como oficinas administrativas.

A este respecto, Ruiz Galladón señaló que la Ley de Patrimonio Histórico Artístico "obliga a las administraciones públicas, a la hora de decidir la ubicación de centros administrativos, a dirigir esos esfuerzos a la rehabilitación de aquellos edificios catalogados e históricamente protegidos y que su utilización puede ser un elemento dinámico".

Precisó, no obstante, que con su propuesta no pretende seguir los pasos de Londres, en cuyo centro "se ha impuesto la terciarización sobre el uso residencial, ya que nosotros queremos uncentro vivo, con habitantes".