En un comunicado difundido esta tarde, Funespaña señala que, "del estudio de la querella y del análisis jurídico relizado por el despacho Cuatrecasas (un conocido bufete de abogagos),siempre sujeto al eventual resultado final del correspondiente procedimiento judicial, estima que no existe base penal en la misma y que, por ende, no se deben producir consecuencias patrimoniales fruto de la querella interpuesta".

La querella de la Fiscalía Anticorrupción imputa cinco delitos contra la Hacienda Pública a Juan Antonio Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Funespaña y a Angel Valdivia, consejero delegado de la misma compañía. La querella imputa también a José Ignacio Rodrigo Fernández presidente de Funespaña, la comisión de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas y otro de prevaricación a título de inducción o cooperación necesaria.

Estas imputaciones efectuadas por el fiscal en su escrito de querella se dirigen igualmente a diversos administradores de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, así como a diversos miembros del ayuntamiento madrileño en la época que se produjo la privatización, de la surgió Funespaña.