"Lo mejor sería enterrar todas las líneas, pero no es factible", en opinión del alto cargo regional, para quien loideal es que esas líneas no discurran por el casco urbano de las ciudades y vayan por fuera, siguiendo los denominados 'pasillos eléctricos'.

Las líneas de alta tensión, por las que pasan entre 15.000 y 380.000 voltios, generan unos campos magnéticos que algunos científicos dicen que podrían acarrear daños a la salud de los vecinos que viven en las cercanías, "pero no está demostrado", según el citado alto cargo, quien señaló además que el coste de tapar los cables debe recaer en los ayuntamientos.

"Tenemos constancia de que en algunas líneas, por iniciativa de los vecinos, se han tomado mediciones y los parámetros eran inferiores a los mínimos recomendados en otros países", destacó Sacristán.

"El campo magnético creado por una línea aérea es siempre superior al que se crearía si la línea va enterrada", agregó. "Además, el impacto ambiental sería menor, ya que es difícil que una golondrina se pueda meter bajo tierra".

Enterrar las líneas de alta tensión reduce el daño, "sea el que sea", airmó Sacristán, para quien "lo ideal sería tener esos 600.000 milones de pesetas, pero no los hay".

Asimismo, señaló que hay que tener en cuenta que para enterrar una línea hay que contar con las "servidumbres de paso" y antes de emprender la obra es necesario disponer del informe favorable de medio ambiente. Además, es preciso llegar a acuerdos o expropiar en caso de que afecte a terrenos particulares, y todo este proceso lleva años.

Con respecto a actuaciones futuras, explicó que ayuntamientos omo el de Madrid, "preocupado por el tema", tienen un estudio de evaluación sobre el coste de los enterramietos de líneas de alta tensión existentes en el casco urbano, en colaboración con las compañías suministradoras.

Su pretensión es ir acometiendo estas obras en las líneas existentes en Aravaca, Legazpi, Carabanchel, Herrera Oria y Casa de Campo, cerca del Paseo de Extremadura, entre otras, de acuerdo con los planes de ordenación urbana.

El planteamiento de la CAM es ofrecer ayudas a los muniipios más pobres para enterrar esas líneas. Con cargo al Presupuesto de 1997, la CAM ha destinado a tal fin unos 140 millones de pesetas, dinero que sumado a las aportaciones del ayuntamiento y las empresas eléctricas supondrá una inversión cercana a los 800 millones.

Por último, dejó claro que la única obligación de la CAM es autorizar la línea eléctrica de alta tensión en el momento de su implantación, así como cualquier trazado que se haga, pero no tiene competencia para sancionar u ordenar nada a na administración local.