La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid sometió a valoración, este jueves, la memoria sobre el grado de cumplimiento del acuerdo adoptado el 21 de diciembre de 2023 que fijó para el año 2024 el porcentaje mínimo de reserva en la contratación municipal para centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción.

El análisis muestra que el porcentaje de gasto finalmente ejecutado en estos contratos socialmente responsables alcanzó un volumen de 10,4 millones de euros, lo que eleva el porcentaje de ejecución real al 6,25%.

El gasto se ejecutó a través de un total de 48 contratos, de los que 32 se formalizaron con centros especiales de empleo de iniciativa social y 16 con empresas de inserción. Por organismos contratantes, 21 de los contratos corresponden a las áreas de Gobierno, 19 son de distritos, siete a empresas del sector público y uno a organismos autónomos municipales.

El sector que más contratos absorbió en 2024, copando 18 de los 48 formalizados, es el de trabajos administrativos de auxiliares de información, conserjería y archivo de expedientes. Los fondos destinados a estos contratos se han incrementado en los últimos años pasando de un porcentaje del 2,75% al 3,25% en 2023 con subidas progresivas.

AUMENTO PARA 2025

Tras fijarse los índices mínimos en el 3,5 % para 2024, traducido en un importe de 5,8 millones de euros, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, aprobó, mediante decreto de 28 de diciembre de 2023, el Plan Municipal de Reserva de la Contratación de 2024, permitiendo superar el porcentaje inicial fijado.

Para 2025 el porcentaje mínimo se incrementó hasta el 3,75% con un importe de 6,2 millones de euros. No obstante, el decreto de la delegada económica municipal de 27 de diciembre de 2024, por el que se aprobó el Plan Municipal de Reserva de la Contratación para 2025, contempla una estimación de reserva de 10,1 millones de euros en un total de 52 contratos.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos con un mínimo del 70% de la plantilla formada por personas con discapacidad y que, además, son promovidos y participados en más de un 50% por una o varias entidades sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos.

Por otro lado, las empresas de inserción se definen como aquellas sociedades mercantiles o cooperativas que se dedican a la producción de bienes y servicios cuyo objeto social tiene como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que, además, estén promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro, mantengan anualmente un porcentaje mínimo estipulado de trabajadores en proceso de inserción y apliquen, al menos, el 80% de sus resultados en mejorar o ampliar sus estructuras productivas y de inserción.