En su denuncia, los ecologistas apelan a la directiva europea sobre liberta de acceso a la información medioambiental, que indica: "...los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado".

Ecologistas en Acción asegura que, haciendo uso de este derecho, el pasado mes de noviembre solicitó los datos referidos a las emisiones durante los años 1998, 19992000 de la cementera "El Alto", ubicada en Morata de Tajuña.

Sin embargo, finalizado el periodo máximo de dos meses que establece la legislación para dar una respuesta, la citada dirección general envió un escrito a Ecologistas en Acción en el que comunicaba que, para recibir dicha información por escrito, se debían abonar las tasas correspondientes, que ascendían a casi 38 euros por cada año solicitado.

Según la organización ecologista, "el disponer de información escrita a un precio razonable y esta asociación entiende que el precio fijado no lo es) resulta básico para poder realizar análisis de las consecuencias que acarrea sobre el medio ambiente la instalación y funcionamiento de determinado tipo de industrias que, como las cementeras, son altamente contaminantes".

A pesar de estar en desacuerdo con el precio, Ecologistas en Acción asegura que abonó las tasas correspondientes al certificado de emisiones del año 2000 y, una vez analizados los datos recibidos, concluyó que con esa informaión no era posible cuantificar los contaminantes totales emitidos a la atmósfera por la citada cementera. "En la respuesta de la Dirección General de Industria, Energía y Minas no se reflejaban los datos solicitados", asegura la organización.