Así lo ha asegurado hoy la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, en una Asamblea General Extraordinaria de FEAPS-Madrid, la organización que engloba a la mayor parte de las asociaciones de discapacitados psíquicos y que se ha mostrado muy crítica con la intención del Gobierno regional de que los disminuidos paguen, en algunos casos, la estancia en la red de centros de atención a minusválidos conque cuenta la comunidad.

La propuesta de la Comunidad de Madrid difiere de la intención inicial de FEAPS-Madrid, ya que ésta ha propuesto en estas últimas semanas que la red de centros sea gratuita o, en su defecto, debería cobrarse al discapacitado un porcentaje de su renta, no de la renta de la familia.

La Comunidad de Madrid prevé dos supuestos: si el discapacitado recibe una pensión pública, se aplica un porcentaje en función de la renta per cápita familiar y teniendo como tope el máximo de l pensión. En el caso de que el discapacitado no reciba pensión pública o sea receptor del subsidio de garantía de ingresos mínimos que dispone la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) se le aplicaría la reducción de la base imponible del IRPF de la familia, teniendo siempre como tope el máximo del subsidio, en el caso de que lo reciba.

Según esta propuesta, las familias con algún hijo discapacitado con una minusvalía superior al 65 por ciento quedarían exentas si son dos miembros y con ingesos mensuales inferiores a 175.000 pesetas. Con el mismo nivel de minusvalía, también quedan exentas las familias de tres miembros con ingresos que no superen las 225.000 pesetas y las de cuatro miembros con ingresos inferiores a 275.000 pesetas mensuales.

En el caso de que el discapacitado tenga una minusvalía entre el 33 y el 65 por ciento, los baremos son un poco más restrictivos que los anteriores. En el peor caso, la aportación no superaría las 42.000 pesetas mensuales.

600 MILLONES

Martíez explicó que la Administración tiene que poner 20.000 millones de pesetas para mantener la red de centros y que el Gobierno regional pagará 19.400 millones (el 97 por ciento), con lo que prevé que cerca de 600 millones serán aportados por los usuarios (el 3 por ciento).

El Ejecutivo madrileño prevé cobrar estas tasas a partir del 1 de marzo, salvo que se produzcan movilizaciones entre las asociaciones de discapacitados, que ya se han manifestado en contra en varias ocasiones.

Para Martínez, coneste procedimiento el 55,56 por ciento de los discapacitados no tendrían que pagar nada para acceder a la red de centros y residencias públicas y únicamente el 4 por ciento pagaría más de 62.000 pesetas, según un sondeo realizado por su departamento sobre 2.016 casos consultados.

Según denunciaron en su día las asociaciones de discapacitados, el decreto que el Ejecutivo madrileño aprobó a finales del año pasado supone la privatización de la red pública de atención a los discapacitados psíquicos.

e esta manera, aquellas familias que disfrutan hoy de un servicio público y gratuito de atención a sus hijos están ahora condenadas a pagar según su renta familiar y aplicando unos baremos en función de la cuantía de la pensión pública que reciba.