En la opeación, los agentes practicaron cuatro registros domiciliarios en los que intervinieron todo tipo de instrumentos, medicinas y material quirúrgico utilizado para realizar los abortos, así como gran cantidad de documentación relativa al control de estas intervenciones.

Las investigaciones comenzaron a finales del pasado mes, a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas. La mujer relató que, tras haber sido traída a España de forma ilegal, se vio obligada a trabajar en un local dedicado a la rostitución y en el que trabajaban inmigrantes chinas, que se veían obligadas a realizar esta actividad para saldar la deuda contraída, en la mayoría de los casos de dos millones de pesetas.

Gracias al testimonio de otras víctimas, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación averiguaron que, detrás de estas actividades ilícitas, se escondía todo un negocio dedicado a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas y de total insalubridad.

Se trataba de una forma de ganar inentes cantidades de dinero fácil por parte de las organizaciones chinas, debido a la reticencia de estas mujeres a acudir a centros sanitarios y de planificación familiar españoles, bien por su situación de estancia ilegal, por desconocimiento del idioma o incluso por la desconfianza en la medicina occidental.

A estos locales clandestinos acudían tanto las prostitutas, obligadas cuando quedaban embarazadas, como compatriotas que, por su cultura en política de natalidad, decidían abortar en su segundo mbarazo.

La forma de practicar los abortos era siempre la misma: suministraban a la mujer unos medicamentos para provocar la hemorragia y, si esto no era suficiente, introducían por la vagina un aparato eléctrico con un tubo aspirador. Los precios de las intervenciones oscilaban entre las 30.000 y las 60.000 pesetas.

El pasado martes, los agentes llevaron a cabo cuatro registros en los domicilios localizados, uno de ellos en la calle General Ricardos número 105 y otro en la calle Raimundo Fernándz Villaverde número 21, todos ellos dedicados a la práctica de abortos y dirigidos por Fang C. Su brazo derecho era Shaohua H., quien, sin ningún tipo de titulación académica, se hacía pasar por ginecóloga.

En los citados domicilios, la Policía intervino 11 cuadernos que registraban el historial y la asistencia de cerca de 1.000 mujeres, todo tipo de instrumental sucio y oxidado, camillas de las utilizadas en centros de ginecología sin el mínimo cuidado aséptico y miles de envases de medicamentos, la ran mayoría de ellos caducados.

Los otros dos registros se practicaron en los locales dedicados a la prostitución, ubicados en la calle de los Artistas números 3 y 44. En ellos, los agentes encontraron gran cantidad de documentación con anotaciones referentes a los servicios sexuales e importes cobrados por ellos.