Estas familias se habían aentado en el poblado después de 1986, fecha del último censo del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, por lo que la Policía Municipal las expulsó en medio de una fuerte resistencia en cumplimiento de una orden judicial.

De las Heras, de acuerdo con los desalojados, propuso a Utrilla que se habilite el Pabellón de Mayorales de la Casa de Campo para acoger provisionalmente a estas personas, a lo que la concejala de Servicios Sociales respondió ofreciendo el pago de una semana de pesión para todos los afectados, alternativa aceptada por los socialistas "como una salida de emergencia".

El PSOE considera que la situación actual de estas familias podría haberse evitado si el ayuntamiento hubiera previsto soluciones. "Los niños no deben pagar los conflictos de los adultos, y para evitarlo tienen que funcionar los Servicios Sociales", señaló De las Heras.

"Queremos que los Servicios Sociales estudien la situación singular de cada familia y evalúen cómo se puede poner en marcha u programa para avalar en el futuro el alquiler de viviendas para que estas familias se integren de forma normalizada, en función del diagnóstico de los técnicos", dijo la concejala socialista.