La contestación gubernamental se produjo el 10 de junio y consistió en no autorizar la manifestación algando que "el derecho de seguridad vial se integra en el más amplio de seguridad pública y es fundamental para garantizar los servicios públicos esenciales en zona de paso y eje de tránsito básico para la circulación y comunicación (policía, bomberos, ambulancias...)", según escrito del delegado, Arsenio Lope Huerta.

Los afectados de Valdebernardo presentaron un recurso a esta decisión gubernamental ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que precisaban que las razones para prohibir la anifestación "no son razones reales, ya que en otras ocasiones hemos realizado otras manifestaciones por el mismo recorrido sin problema alguno".

Asimismo, junto al recurso presentaron otra instancia ante la Delegación del Gobierno en la que proponían otros 3 itinerarios diferentes a los anteriores, que no fue contestada.

El recurso finalmente ha sido desestimado por los propios convocantes de la manifestación, al recibir una llamada de la Delegación del Gobierno en la que les comunicaban que autrizaban la marcha siempre y cuando la realizasen por un itinerario concreto: salida de Fuencarral 121 (primeras oficinas de IGS), pasando por la glorieta de Bilbao hasta la calle Sagasta y concluyendo en Cibeles.

Para los afectados de PSV, las razones gubernamentales para negar los tres recorridos solicitados "no son comprensibles. Quizá el único es que antes pretendiamos pasar por las sedes de UGT y la CAM y la que nos proponen es por delante de la sede central del PP (calle Génova)".

Al final eta manifestación se llevará a cabo por el recorrido propuesto por la Delegación del Gobierno y cuenta con el apoyo no sólo de los afectados de Valdebernardo, sino de todos los asociados de la CAM, cuya coordinadora se ha sumado a esta marcha, que persigue presionar a las administraciones para que resuelvan el problema "cuanto antes mejor".