Martínez manifestó que Cicerón está obligada a inormar al IMMF, a través de un coordinador, sobre cualquier incidencia significativa que surja en el desarrollo y prestación del servicio, además de facilitar cuanta información le sea requerida en relación con la misma.

Cicerón, que atenderá a 40 menores, deberá nombrar un cordinador o responsable del servicio, que responderá de las prestación realizada y ejecutar las indicaciones que reciba del IMMF.

Martínez, que compareció en la Comisión de Servicios Sociales de la Asamblea de Madrid par dar centa de la "correcta" aplicación, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Ley del Menor, destacó que "quedan bien definidas las funciones de coordinación, control, supervisión e información de la prestación del servicio, que correrán a cargo de un empleado público con tareas de coordinación.

Informó, asimismo, de que está previsto poner en marcha 100 plazas en centros de día para menores y señaló que la Ley del Menor ha supuesto un "cambio sustancial, positivo y favorable por su adecuación a nuestr tiempo, en la atención socioeducativa de los menores infractores".

Con respecto al centro El Pinar, señaló que en la actualidad acoge a 36 menores, defendió la idoneidad de Cicerón para dirigir ese servicio y criticó a la oposición por hablar sin tener información.

Explicó que Cicerón cuenta con 45 trabajadores, además de los de los servicios de seguridad, cocina o limpieza, y que los educadores tienen un salario neto de 115.000 pesetas mensuales, más complementos que pueden llegar hasta el 50% e su sueldo.

La diputada de IU María Luisa Sánchez Peral, tras explicar que lo recogido en el convenio entre la Comunidad y Cicerón es una cosa y que su aplicación puede ser otra diferente, pidió un mayor control de estos centros.

La diputada socialista Elena Vázquez cuestionó que Cicerón no tenga ánimo de lucro y pidió datos sobre las condiciones laborales de sus trabajadores.