Explicó que desde enero, fecha de entrada en vigor del Plan Regional para la Inmigración, los ayuntamientos madrileños deberán preparar ordenanzas que prohiban el alquiler de casas inhabitables.

Martínez afirmó que estas casas, además de ser ser un negocio, "funcionan como plataforma de los inmigrantes para obtener un piso públio, ya que el hecho de certificar que viven en una de esas viviendas les proporciona puntos extra para acceder a ayudas del IVIMA".

"Una familia inmigrante que vive en una vivienda considerada inhabitable consigue en poco tiempo un piso del IVIMA, con lo que esa casa es alquilada a otra familia inmigrante, y así sucesivamente", explicó la consejera.

Esta es una de las medidas recogidas en el Plan de Inmigración, dotado con unos 13.000 millones de pesetas para los tres próximos años, y que recoge oras actuaciones como ayudas a la obtención de empleo y de apoyo educativo.

Los representantes del PSOE e IU son partidarios de la abstención cuando se vote este proyecto, fundamentalmente por su oposición a la puesta en marcha de servicios sociales especificos para inmigrantes.