Jesús Pedroche, consejero de Presidencia, explicó que la intención del Gobierno regional es conceder ayudas a los ayuntamientos y a los particulares para estos fines, una vez que haya sido aprobado este decreto.

Tras recordar que la Comunidad gastará este año 2.000 millones de pesetas para acciones de supreson de barreras en sus edificios, explicó que los beneficiarios de estas futuras subvenciones serán "todo tipo de personas, físicas, jurídicas, públicas o privadas, y que las actuaciones prioritarias serán la adaptacion de inmuebles destinados a vivienda y la accesibilidad al puesto de trabajo".

Entre todos los solicitantes de ayudas para suprimir barreras, tendrán preferencia los ayuntamietos con menor presupuesto por habitante y los privados con menos renta.

Asimismo, cuando los solicitantes de yudas sean empresarios, tendrán prioridad aquellos que acrediten en plantilla mayor proporción de empleados fijos con munisvalía.

Por otro lado, el decreto, al que tuvo acceso Servimedia, especifica que no podrán optar a estas ayudas "las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por comisión de una infracción grave o muy grave en materia de accesibilidad o supresión de barreras arquitectónicas, desde el momento en que la resolución sancionadora sea ejecutiva y hasta el término de un añocontado a partir del cumplimiento de la sanción".