El presupuesto global de esta operación asciende a 205 millones de euros, cantidad que será aportada a partes iguales por las administraciones y la compañía eléctrica.

Ruiz-Gallardón afirmó que "este convenio, que no tiene precedente en ninguna ciudad española, tiene como objetivo cmpatibilizar desarrollo económico y conservación del medio ambiente, poner fin a la inquietud que producen los tendidos aéreos entre los ciudadanos y terminar con la perturbación estética que causan en el entorno urbano por donde transcurren. Además, el Ayuntamiento de Madrid recuperará el suelo liberado para mejorar la calidad de vida de los madrileños".

El acuerdo abarca un periodo de ocho años, durante los cuales se enterrarán los 156 kilómetros de líneas de alta tensión, de los que 67 se encuentra en ámbito urbanístico de iniciativa pública y los otros 89 en zona de iniciativa privada.

Las líneas consideradas de mayor impacto por la Fiscalía de Medio Ambiente serán eliminadas durante los tres primeros años. También se llevará a cabo el blindaje o compactación de ocho subestaciones eléctricas que se encuentran, en la mayoría de los casos, rodeadas de viviendas.