La decisión de llevar adelante esta propuesta fue tomada durante una reunión en la que estuvieron presentes representantes del gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid -en cuya sede se produjo el encuentro-; así como de los peleteros, perfumeros, estanqueros y textil, que en total engloban a másde 18.000 comercios en Madrid.

Para poder llevar a cabo una iniciativa de estas características, los gremios deberán recoger, en un plazo no superior a seis meses, un mínimo de 500.000 firmas que tendrán que presentar ante una comisión del Congreso de los Diputados, junto con el texto articulado de la reforma que se pretende introducir, que será la encargada de analizar la veracidad de las firmas presentadas así como la viabilidad del proyecto de ley.

La ILP avanzará siempre y cuando cumpla con ls garantías que se le exijan y los representantes públicos no planteen una iniciativa parlamentaria que aborde la modificación, en los mismos términos, de los artículos que se presentan en aquélla.

Según explicaron en rueda de prensa los promotores de esta iniciativa, la misma tiene como objeto "denunciar ante los representantes públicos que entendemos que existen figuras jurídicas en nuestra legislación que no funcionan, como es claro el ejemplo de la figura de la prisión preventiva".

Amador Rodíguez recordó que ya durante la última reunión que mantuvieron con el ministro de Justicia, Angel Acebes, éste les prometió la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referente a los juicios rápidos, aunque el problema que más preocupa a los diferentes gremios es el de la multirreincidencia en la comisión de delitos.

En este sentido, recordaron los representates gremiales que en estos momentos está en trámite el derecho de petición a través del cual solicitaron la reforma de la Ley de njuiciamiento Criminal, en lo que se refiere a la prisión preventiva, de tal manera que pudieran objetivarse las causas de prisión preventiva para que en los casos de multirreincidencia pueda tener una virtualidad la aplicación de esta figura, "para solucionar así, como medida de choque, el conflicto mientras llegan el resto de reformas".

Los representantes gremiales entienden que la lentitud de la justicia, que provoca la libertad condicional del delincuente hasta la pertinente celebración del juiciocorrespondiente, tiempo que aprovechan para volver a delinquir, ocasiona una situación de impotencia a los comerciantes, empresarios y a la sociedad en general.

Asimismo, los gremios solicitaron el apoyo de la Administración para abordar las reformas legislativas necesarias, "sabiendo que cuentan con el respaldo de un gran número de comerciantes y de ciudadanos, evitando así el temor de que las modificaciones que pretendemos no responden a la voluntad popular".

Por otra parte, todos los gremios pesentes, excepto el de joyeros, descartaron la posibilidad de contratar seguridad privada para proteger sus negocios porque entienden que "no es viable", al tratarse en la mayoría de los casos de pequeños comercios. Los representantes gremiales denunciaron que en la actualidad parecen estar "mucho más protegidos los delincuentes que los comerciantes".