Los cinco policías serán juzgados por delitos de lesiones, coacciones y detención ilegal, con el agravante de abuso de superioridad. El juicio debió comenzar el pasado 23 de septiembre de 1996, pero fue suspendido por enfermedad de uno de los agentes implicados.

Los acusados se enfrentan a distintas peticiones de cárcel, suspensión como policís y al pago de diversas indemnizaciones por daños físicos, formuladas por las acusaciones particulares (la Coordinadora de Nueva Artesanía Madrileña y la Asociación contra la Tortura) y por el Fiscal.

Estas fuentes criticaron el hecho de que no se sienten en el banquillo los responsables de las órdenes verbales dadas a los agentes municipales, que fueron los ex concejales de Distrito Centro y Seguridad, Angel Matanzo y Fernando Bocanegra, así como el entonces oficial a cargo de la operación, José Moraes.

Con este juicio concluye el proceso judicial abierto tras el desalojo por la fuerza del Mercado de la Plaza de Santa Ana con la interposición de tres querellas criminales y un recurso Contencioso-Administrativo, en cuya sentencia el Tribunal Supremo declaró nulas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Madrid al no atenerse a las leyes de Procedimiento Administrativo.